No nos cansaremos de denunciar la anomalía que sufre nuestro país: en España no se respeta la separación de poderes entre el judicial y el político. Y lo que es aún más grave: las dos grandes fuerzas políticas, quien gobierna y quien, hoy por hoy, está llamado a asumir la alternancia --que no es lo mismo que ser alternativa--acaban de firmar un acuerdo que han llamado "Pacto por la justicia" en el que lo único que les ha preocupado ha sido repartirse el poder en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional.
Ya dije en su momento que resultaba una burla para los ciudadanos llamar a eso "pacto por la Justicia". Y lo mismo le dije al Presidente del Gobierno cuando me entrevisté con él dentro de la ronda que hizo por los portavoces de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y también conté en este mismo espacio la preocupación que me causa el confirmar hasta qué punto ambas fuerzas políticas mayoritarias --el PSOE y el PP -- han enterrado a Montesquieu y además se sienten plenamente satisfechos de ello.
La salud de un país democrático está directamente relacionada con la garantía de la separación de poderes. No hace falta teorizarlo: es de primero de EGB de democracia. La separación de poderes es tan consustancial al sistema democrático como el sufragio universal; o más si cabe: porque el sufragio universal sólo será el instrumento de una verdadera democracia en la medida en que la separación de poderes esté garantizada. Por eso aunque no haya que dar teoría sí merece la pena poner ejemplos. Ejemplos de cómo se pervierte la democracia cuando se utiliza la justicia a gusto del gobernante de turno.
Veamos la cuestión en relación con lo que ha ocurrido en los últimos años en España. Hemos dicho más de una vez que para acabar con ETA resulta imprescindible una justicia independiente. Sólo una justicia sometida al criterio del ejecutivo hubiera hecho posible que en la misma legislatura, con las mismas leyes, el mismo Fiscal General del Estado, los mismos Abogados del Estado, los mismos jueces, hubieran puesto a un terrorista en libertad --Otegi llevado en avión a la Audiencia Nacional para ser liberado de inmediato porque el fiscal no ejerció la acusación-- , o encarcelado al mismo unos meses más tarde sin mediar delito nuevo alguno. Sólo en un país cuya justicia está sometida a las instrucciones del Ejecutivo una Vicepresidenta del Gobierno se hubiera permitido echarle una bronca en público a la Presidenta del Tribunal Constitucional mientras ésta pedía, azorada, tranquilidad a la primera. Sólo en un país en el que la justicia sigue las instrucciones del gobierno es posible que se mande a un balneario de San Sebastián a uno de los mayores asesinos de nuestra historia --aduciendo que hay que cumplir la ley y que los derechos humanos del terrorista son innegociables-- o se le meta en la cárcel meses más tarde sin que haya nueva causa penal; solo habían cambiado las circunstancias políticas, la coyuntura.
Hoy he leído que " tras cuatro años de investigaciones", el Gobierno pide que se ilegalice ANV y PCTV por ser "instrumentos" de ETA. Que han dado instrucciones a la Abogacía del estado para presentar ante el Tribunal Supremo sendos escritos solicitando la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas y de Acción Nacionalista Vasca. El gobierno estima ahora --es él quien ha dado instrucciones de que la Abogacía presente el recurso-- que cabe concluir que "ambos partidos son instrumentos o herramientas del terrorismo de ETA-Batasuna" y vulneran la Ley de Partidos. Habrá quien diga que más vale tarde que nunca. Pues no: a mí lo que este hecho me produce es una enorme indignación. Porque fueron esos mismos Abogados del Estado, esos mismos fiscales a las órdenes del Fiscal General del Estado --del mismo que lo sigue siendo ahora--, quienes no impugnaron ante el Supremo todas las candidaturas del PCTV y de ANV, dejando al Alto Tribunal atado de pies y manos y sin poder evitar que los terroristas llegaran a las instituciones democráticas.
Es esa justicia sometida al poder político la que permitió que los terroristas lleven cobrando millones de euros del dinero que obtiene el Estado a través de nuestros impuestos; millones de euros que destinan a tenernos más a tiro; a organizar atentados; a quitarnos las libertades y la libertad en las calles del Páis Vasco y del Navarra en las que ellos gobiernan. Es esta Justicia sometida al poder político la que ha permitido que haya en el Parlamento Vasco un grupo que le ha dado a Ibarretxe los votos necesarios para sacar adelante esa ley de consulta profundamente antidemocrática. Es esa justicia sometida la que lo mismo teoriza que hay que cumplir la ley --Garzón dixit en relación con de Juana Chaos, como si estuviésemos discutiendo de eso--, que "permite" (ya veremos si lo paran) que este próximo sábado se repitan en San Sebastián las imágenes de la indignidad y los filoterroristas vitoreen al killer; es esa justicia obediente la que permitió que el pasado sábado en la calle Juan de Bilbao homenajearan al asesino a satisfacción plena, impidiendo incluso el paso de los transeúntes y/o los periodistas. Porque el homenaje de la calle J. de Bilbao estaba tan previsto como lo está la manifestación del próximo sábado; pero nadie actuó para evitarlo. Es esa justicia complaciente con el gobierno la que no reaccionó ante la carta del terrorista leída en aquel homenaje hasta que lo denunciamos a través de los medios de comunicación. Es esta justicia completamente ajena al derecho la que autoriza a Elena Beloki a salir de la cárcel para someterse a una fecundación in vitro a sus cuarenta y siete años, sin que el fiscal tenga el gesto, cuanto menos testimonial, de recurrir el auto.
Lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de insistir: para acabar con ETA resulta imprescindible que España tenga una Justicia independiente. Mientras "los pactos por la justicia" tengan como único objetivo repartirse el poder entre el PP y el PSOE, no sólo se estarán nos cargando el entramado básico del estado de Derecho, sino que estarán contribuyendo a que el fin del terrorismo se aleje de nuestras vidas. Dicho queda; y que cada palo aguante su vela.
Ya dije en su momento que resultaba una burla para los ciudadanos llamar a eso "pacto por la Justicia". Y lo mismo le dije al Presidente del Gobierno cuando me entrevisté con él dentro de la ronda que hizo por los portavoces de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y también conté en este mismo espacio la preocupación que me causa el confirmar hasta qué punto ambas fuerzas políticas mayoritarias --el PSOE y el PP -- han enterrado a Montesquieu y además se sienten plenamente satisfechos de ello.
La salud de un país democrático está directamente relacionada con la garantía de la separación de poderes. No hace falta teorizarlo: es de primero de EGB de democracia. La separación de poderes es tan consustancial al sistema democrático como el sufragio universal; o más si cabe: porque el sufragio universal sólo será el instrumento de una verdadera democracia en la medida en que la separación de poderes esté garantizada. Por eso aunque no haya que dar teoría sí merece la pena poner ejemplos. Ejemplos de cómo se pervierte la democracia cuando se utiliza la justicia a gusto del gobernante de turno.
Veamos la cuestión en relación con lo que ha ocurrido en los últimos años en España. Hemos dicho más de una vez que para acabar con ETA resulta imprescindible una justicia independiente. Sólo una justicia sometida al criterio del ejecutivo hubiera hecho posible que en la misma legislatura, con las mismas leyes, el mismo Fiscal General del Estado, los mismos Abogados del Estado, los mismos jueces, hubieran puesto a un terrorista en libertad --Otegi llevado en avión a la Audiencia Nacional para ser liberado de inmediato porque el fiscal no ejerció la acusación-- , o encarcelado al mismo unos meses más tarde sin mediar delito nuevo alguno. Sólo en un país cuya justicia está sometida a las instrucciones del Ejecutivo una Vicepresidenta del Gobierno se hubiera permitido echarle una bronca en público a la Presidenta del Tribunal Constitucional mientras ésta pedía, azorada, tranquilidad a la primera. Sólo en un país en el que la justicia sigue las instrucciones del gobierno es posible que se mande a un balneario de San Sebastián a uno de los mayores asesinos de nuestra historia --aduciendo que hay que cumplir la ley y que los derechos humanos del terrorista son innegociables-- o se le meta en la cárcel meses más tarde sin que haya nueva causa penal; solo habían cambiado las circunstancias políticas, la coyuntura.
Hoy he leído que " tras cuatro años de investigaciones", el Gobierno pide que se ilegalice ANV y PCTV por ser "instrumentos" de ETA. Que han dado instrucciones a la Abogacía del estado para presentar ante el Tribunal Supremo sendos escritos solicitando la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas y de Acción Nacionalista Vasca. El gobierno estima ahora --es él quien ha dado instrucciones de que la Abogacía presente el recurso-- que cabe concluir que "ambos partidos son instrumentos o herramientas del terrorismo de ETA-Batasuna" y vulneran la Ley de Partidos. Habrá quien diga que más vale tarde que nunca. Pues no: a mí lo que este hecho me produce es una enorme indignación. Porque fueron esos mismos Abogados del Estado, esos mismos fiscales a las órdenes del Fiscal General del Estado --del mismo que lo sigue siendo ahora--, quienes no impugnaron ante el Supremo todas las candidaturas del PCTV y de ANV, dejando al Alto Tribunal atado de pies y manos y sin poder evitar que los terroristas llegaran a las instituciones democráticas.
Es esa justicia sometida al poder político la que permitió que los terroristas lleven cobrando millones de euros del dinero que obtiene el Estado a través de nuestros impuestos; millones de euros que destinan a tenernos más a tiro; a organizar atentados; a quitarnos las libertades y la libertad en las calles del Páis Vasco y del Navarra en las que ellos gobiernan. Es esta Justicia sometida al poder político la que ha permitido que haya en el Parlamento Vasco un grupo que le ha dado a Ibarretxe los votos necesarios para sacar adelante esa ley de consulta profundamente antidemocrática. Es esa justicia sometida la que lo mismo teoriza que hay que cumplir la ley --Garzón dixit en relación con de Juana Chaos, como si estuviésemos discutiendo de eso--, que "permite" (ya veremos si lo paran) que este próximo sábado se repitan en San Sebastián las imágenes de la indignidad y los filoterroristas vitoreen al killer; es esa justicia obediente la que permitió que el pasado sábado en la calle Juan de Bilbao homenajearan al asesino a satisfacción plena, impidiendo incluso el paso de los transeúntes y/o los periodistas. Porque el homenaje de la calle J. de Bilbao estaba tan previsto como lo está la manifestación del próximo sábado; pero nadie actuó para evitarlo. Es esa justicia complaciente con el gobierno la que no reaccionó ante la carta del terrorista leída en aquel homenaje hasta que lo denunciamos a través de los medios de comunicación. Es esta justicia completamente ajena al derecho la que autoriza a Elena Beloki a salir de la cárcel para someterse a una fecundación in vitro a sus cuarenta y siete años, sin que el fiscal tenga el gesto, cuanto menos testimonial, de recurrir el auto.
Lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de insistir: para acabar con ETA resulta imprescindible que España tenga una Justicia independiente. Mientras "los pactos por la justicia" tengan como único objetivo repartirse el poder entre el PP y el PSOE, no sólo se estarán nos cargando el entramado básico del estado de Derecho, sino que estarán contribuyendo a que el fin del terrorismo se aleje de nuestras vidas. Dicho queda; y que cada palo aguante su vela.
Texto Publicado por Rosa Díez en www.upyd.es el 9 de agosto de 2008